Por más que la Ley de Radiodifusión este pensada para presionar a Clarín, me parece interesante resaltar lo que dice Susana Sel en Página 12:

Los grupos monopólicos de medios, aprovechando las ventajas de la convergencia tecnológica, han usufructuado el poder a través de la regulación del mercado, y rechazando la intervención del Estado que representaría, para ellos, una forma de censura a la libertad de prensa. Pero si el mercado garantiza la libertad de aquellos que tienen poder económico como para participar, el Estado debería intervenir a fin de garantizar la libertad de expresión de todos. En el capítulo IV de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe anual 2002, se expresa que las mayorías pobres de América latina no pueden ejercer su derecho a la libre expresión. Por lo tanto, lo que debería garantizarse es el derecho humano a la información y a la libre expresión. Y respecto de las frecuencias radiales y televisivas, que son limitadas y patrimonio de todos, deberían ser administradas por el Estado, que es quien las debe asignar equitativamente, dado que constituyen un bien público, y hoy mayoritariamente son usufructuadas por los monopolios mediáticos.

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